Se pide a la autoridad militar que toda diligencia o actuación practicada por elementos del Ejército en Michoacán se apegue a la legalidad y respeto a los derechos humanos’, señaló la CNDH.

La institución castrense ha aceptado la recomendación de la CNDH, que se extenderá treinta días, informó hoy en un comunicado este organismo público autónomo encabezado por José Luis Soberanes.

Las medidas cautelares obligan a los militares a que cualquier acción se haga ‘con la orden judicial correspondiente’ y ‘previa solicitud expresa de tal intervención de elementos militares hecha por una autoridad civil’.

La CNDH solicitó, además, ‘que se respeten los bienes de las personas y no se les ocasionen daños ni se incurra en sustracción de objetos’ de su propiedad.

También se pidió al Ejército que ninguna persona arrestada en flagrancia sea conducida a instalaciones militares, como ha sucedido otras veces.

Michoacán, oeste de México, es uno de los estados del país donde desde hace un año el Ejército ha efectuado operaciones y mantiene una amplia presencia de soldados para combatir a los carteles de la droga.

En estos días, cientos de personas que emigraron desde Michoacán a EE.UU. y a otros lugares del país regresan a este estado para celebrar la Navidad.

Las medidas cautelares impuestas se dan después de que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) recibiera dos recomendaciones de la CNDH.

Ambas se conocieron en septiembre y afectaron a los municipios michoacanos de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo.

El 1 de mayo, cinco militares murieron en una emboscada ocurrida en Carácuaro, tras lo cual el Ejército intensificó su presencia en la zona, lo que derivó en abusos contra la población, según el organismo.

Entonces, el Ejército vulneró los derechos de al menos cinco personas, a quienes detuvieron arbitrariamente, torturaron y cuyas viviendas allanaron.

En relación con los hechos ‘dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, y otras dos de violación’, indicó la CNDH.

Otro abuso sucedió el 7 de mayo, cuando un grupo de personas fue torturado, incomunicado y retenido en instalaciones militares tras un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes en el municipio de Apatzingán.

Los abusos derivaron de registros efectuados por los militares después de que estos entraran en varios hogares de la localidad sin órdenes judiciales y robaran en ellos.